"Es necesario, señor Ministro, conocer la idiosincracia de la gente santiagueña, especialmente de esa que vive internada en los montes, para comprender cuán hondo es el significado de esa frase, ‘la política’, en la cual condensa todas sus penas, los sinsabores y las injusticias de que es víctima"
AMALIO OLMOS CASTRO AL MINISTRO DEPETRIS, SEPTIEMBRE DE 1943.

La década de 1940 vio emerger y desarrollarse en Argentina el movimiento político peronista, que –convertido en partido– marca su historia hasta hoy. Como en muchos otros temas de la historia argentina, se ha producido una importante bibliografía al respecto –de desigual calidad, frecuentemente marcada por mitos y posturas partidarias– pero se conoce muy poco sobre las particularidades del fenómeno en el interior del país. Trabajos de la presente década (Macor y Catch 2003) han abordado la discusión que se viene intensificando en los últimos años por parte de grupos de historiadores de las universidades del interior. Intentamos aportar a este debate desde la exploración de los primeros años del peronismo en el territorio que articula la ciudad más antigua de la Argentina, extremo sud-este del NOA (Nor-Oeste Argentino) y primera capital del Tucumán, coincidente desde mediados del siglo XX con toda la región en su persistente identidad política, mayoritariamente peronista.

Ya desde la aparición de las primeras leyes laborales con el radicalismo y desde los primeros proyectos industrialistas de mediados de la década del 30, en pugna, a nivel nacional, con el liberalismo de la Sociedad Rural Argentina –cuyos intereses estaban centrados, fundamentalmente, en la pampa húmeda– y los grupos económicos y sociales tradicionales, una de las cosas que estaba en juego en todo el país era la manera de concebir el rol del Estado y la posibilidad de constituir un campo burocrático estatal que permitiera poner límites a los intereses particulares de grupos económicos internacionales y locales, consolidando en ese proceso a la vez, un campo político relativamente autónomo, regido por reglas propias y por un capital de reconocimiento social y de relaciones, especificable como capital político2. El proceso de inclusión y complejización de la sociedad nacional y local a partir de comienzos del siglo XX, corresponde con estas tendencias (Martínez, Taboada, Auat 2002). El doble juego del primer peronismo, que intentaba fortalecer una estructura estatal que controlara la economía y a la vez cooptar-seducir al movimiento obrero para apoyarse en él, tiene una compleja expresión local en los conflictos con los obrajeros por la aplicación de leyes laborales y en la también conflictiva constitución del Partido Laborista3. En ambos temas se vinculan intereses de los grupos económicos dominantes en la provincia, especialmente los relacionados con los obrajes y con el comercio local, a intereses políticos de viejos caudillos, que serán finalmente favorecidos por la necesidad del oficialismo nacional de ganar las elecciones de 1946, priorizando las estrategias electorales por sobre los principios proclamados por la revolución de junio de 1943. Así, el primer peronismo santiagueño estará constituido por desgajamientos del Partido Radical (en su versión no-irigoyenista, es decir, la más conservadora), y por algunos grupos católicos y nacionalistas que reivindican el federalismo y a la vez temen una revolución social de carácter a-religioso, pero que serán desplazados progresivamente a favor de viejos caudillos de cuño conservador inmediatamente ligados a grandes intereses económicos. El primer gobernador peronista será un candidato de conveniencia, militar del GOU4 (Rouquié 1978), ausente de la provincia desde la infancia, impuesto desde Buenos Aires para zanjar las rencillas interminables, dar espacio a un “hombre de junio” y asegurar a la vez la participación de los viejos caudillos locales proveedores de votos. En este artículo nos ocuparemos de un episodio que nos parece paradigmático a la hora de comprender estas luchas entre el incipiente campo burocrático y el poder económico, que terminarán consolidando una división del trabajo de dominación que se corresponde con prácticas políticas prebendarias y clientelares, en las que el Estado como campo burocrático, desaparece en tanto campo –es decir, como espacio de luchas con autonomía relativa–, mientras curiosamente es sobredimesionado, pero como espacio monopolizado de política partidaria y de obtención de negocios rentables para los grupos económicos.

Ana Teresa Martínez